San Luis Potosí, S.L.P., 1 de julio de 2025 – La confrontación entre el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, ha escalado en las últimas semanas, marcada por señalamientos públicos, invasión de competencias municipales y una creciente disputa por el control territorial y político rumbo al proceso electoral de 2027.
Durante un evento público reciente, Gallardo insistió en que continuará realizando acciones de gobierno en la capital, como la colocación de luminarias y bacheo, pese al desacuerdo del ayuntamiento capitalino. “Vamos a seguir trabajando, aunque se molesten. Nos piden nuestros ahijados que transformemos el estado y lo haremos”, declaró. El mandatario también acusó a la administración municipal de obstaculizar su labor y de desatender sus funciones.
Por su parte, el alcalde Enrique Galindo ha optado por una estrategia institucional, aliándose con sectores como la Cámara de Comercio y asociaciones civiles para defender la autonomía del municipio. En jornadas recientes, denunció la irrupción de cuerpos policiacos de Soledad de Graciano Sánchez —municipio gobernado por el oficialismo— en territorio capitalino, sin consulta ni coordinación previa, lo cual calificó como un exceso que podría derivar en un conflicto entre corporaciones de seguridad.
Injerencias, proselitismo y una feria como escaparate
El anuncio adelantado de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025, acompañado de una fuerte promoción mediática de la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador, ha sido interpretado como parte de una estrategia política de posicionamiento. La legisladora ha encabezado inauguraciones y eventos públicos en colonias de la capital, instalando topes y boyas sin estudios técnicos ni coordinación con el ayuntamiento. Consultado al respecto, Galindo respondió: “No estoy en contra de colaborar, pero deben respetarse las competencias municipales”.
La colocación de elementos viales sin autorización ha generado preocupación entre vecinos y especialistas en movilidad, quienes señalan posibles riesgos viales por la falta de planeación. Galindo advirtió que su administración está dispuesta a colaborar, pero que las acciones deben seguir un orden constitucional y técnico.
Seguridad, vivienda y control territorial
Uno de los puntos más sensibles ha sido la seguridad pública. Gallardo ha acusado a la Policía Municipal de no cumplir con su labor preventiva, mientras Galindo responde que se requieren estrategias integrales entre los tres órdenes de gobierno. “No basta con informes en las mesas de paz, necesitamos planes reales y coordinación operativa”, afirmó el alcalde.
En paralelo, el gobierno estatal ha impulsado un proyecto de construcción masiva de viviendas, con un anuncio de 30 mil casas. Sin embargo, el desmonte de zonas verdes como en la colonia El Sauzalito, donde vecinos denunciaron la tala de árboles sin consulta ciudadana, ha detonado críticas por posibles violaciones legales y ambientales. El ayuntamiento intervino para detener las obras, denunciando que no existían permisos ni estudios de impacto urbano.
Escaramuzas en lo simbólico
La disputa incluso se ha trasladado al terreno simbólico. Durante la inauguración de la nueva ruta aérea San Luis-Atlanta, ambos mandatarios coincidieron. Sin embargo, tras el evento, el gobierno estatal se adjudicó públicamente la gestión del proyecto, lo que motivó una respuesta del equipo de Galindo, que evitó incluir al gobernador en los materiales de difusión. “Fue un logro del municipio, después de más de dos años de gestión”, aclaró la administración capitalina en un comunicado.
Un escenario político crispado
Lo que para algunos analistas parece una pugna por recursos y protagonismo, para otros es una señal preocupante de desgaste institucional. La constante irrupción de competencias, los desplantes públicos y el uso de programas sociales y eventos como plataformas políticas perfilan un ambiente crispado rumbo a la elección de 2027, donde la figura de la senadora Ruth González comienza a tomar protagonismo.
En medio del desencuentro, sectores ciudadanos y empresariales han hecho un llamado a ambos niveles de gobierno para priorizar el diálogo y los acuerdos institucionales, en lugar de escalar una guerra política que, aseguran, pone en riesgo la gobernabilidad y la atención efectiva a las necesidades de la población.
