San Luis Potosí, S.L.P., 1 de julio de 2025 – La senadora Ruth González Silva ha sido señalada por presuntamente utilizar vehículos oficiales, maquinaria y personal adscrito a la Junta Estatal de Caminos (JEC) para labores que promueve como gestiones personales, sin que exista respaldo legal o administrativo que justifique el uso de recursos públicos en acciones de carácter proselitista.
De acuerdo con una investigación publicada por la revista La Noticia San Luis, cuadrillas de trabajadores estatales han sido desplegadas en diversas colonias de la capital potosina, realizando tareas como bacheo, limpieza de calles, jardinería, pintura y colocación de boyas. Estas acciones, realizadas con recursos del gobierno estatal, son difundidas por la legisladora en sus redes sociales como parte de su agenda personal, pese a no existir convenios o autorizaciones formales que las avalen.
Vehículos oficiales utilizados en actos proselitistas
La publicación documenta el uso de al menos dos vehículos registrados previamente en boletines oficiales de la JEC. Uno de ellos, un camión rojo con placas TH-6189-G, fue reportado por la dependencia en junio de 2023. Posteriormente, el mismo vehículo apareció en eventos encabezados por González Silva, ya sin logotipos visibles, pero con las mismas características. Otro caso similar involucra una camioneta blanca con placas TN-6173-F, registrada por la JEC en octubre del año pasado, ahora también al servicio de labores de promoción sin justificación pública.
Los trabajadores, además, portan chalecos con las iniciales “RG”, vinculadas a la senadora, lo que refuerza la percepción de uso electoral de los recursos.
Opacidad y falta de respuesta
Consultada sobre estas acciones, González Silva ofreció respuestas evasivas. En un primer momento, indicó que toda la información estaba disponible en su portal de transparencia, lo cual fue verificado como falso. Luego remitió a los medios al Senado, donde tampoco se obtuvo evidencia documental que respalde sus “gestiones”.
De acuerdo con información oficial obtenida mediante solicitudes de acceso a la información, el Senado de la República y la Junta Estatal de Caminos confirmaron que no existen convenios, contratos ni autorizaciones que respalden el uso de personal, vehículos o maquinaria para actividades promovidas por la senadora. La respuesta de la JEC con folio 240469625000008 fue contundente: “no existe ningún contrato” para las actividades señaladas.
Tampoco hubo respuesta de la oficina legislativa de la senadora ni del titular de la Junta, Francisco Reyes Novelo, pese a los intentos de contacto formal.
Reconocimiento tácito sin respaldo legal
Aunque la JEC admitió recientemente en un boletín que realiza tareas de señalización y reducción de velocidad en zonas de la capital a solicitud de la senadora, no ofreció documentos que acrediten la legalidad de tales acciones, ni justificó por qué una legisladora federal realiza funciones que corresponden al ámbito local o estatal.
Las intervenciones se han efectuado sin coordinación con el ayuntamiento de San Luis Potosí, lo que ha sido públicamente criticado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien subrayó que tales actos violan la normativa municipal e ignoran protocolos técnicos.
Posibles consecuencias legales
Diversos especialistas en derecho público advierten que el uso indebido de recursos estatales para promoción personal puede constituir delitos como desvío de recursos públicos, uso indebido de funciones, abuso de autoridad y posible fraude electoral. Al tratarse de una legisladora en funciones, también podría enfrentarse a procedimientos para el desafuero en caso de que las investigaciones prosperen.
Aunado a ello, su campaña anticipada, sostenida por recursos estatales y sin controles de transparencia, violaría la ley electoral, comprometiendo su eventual candidatura a la gubernatura en 2027.
Mientras tanto, González Silva continúa con su activismo político en el estado, respaldada por la estructura gubernamental encabezada por su esposo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, en un contexto que evidencia falta de controles, ausencia de fiscalización y uso político de las instituciones estatales.
