San Luis Potosí, SLP.– Mientras la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de la capital potosina ha intensificado sus operativos de inspección y clausura contra pequeños y medianos negocios, algunos incluso pertenecientes a reconocidas cadenas comerciales, diversos centros de espectáculos propiedad del Gobierno del Estado —como Arena Potosí, los Teatros del Pueblo de los parques Tangamanga, el Palenque de la Feria Nacional Potosina y El Domo— han operado por años sin cumplir los requisitos legales básicos.
Una investigación realizada por Ciudadanos Observando, respaldada con datos oficiales obtenidos mediante la solicitud de información 240474425000339, revela que ninguno de estos recintos cuenta con licencias municipales vigentes para funcionamiento, uso de suelo, protección civil o venta de bebidas alcohólicas, durante los años 2024 y 2025.
Omisión documentada y permisiva
La respuesta, emitida el pasado 15 de julio por la Unidad de Transparencia del Municipio, fue clara: ninguna de las instancias municipales –Comercio, Protección Civil, Desarrollo Urbano o Ecología– cuenta con antecedentes de haber otorgado permisos a dichos centros de espectáculos en ese periodo.
Esto contrasta con la política de cero tolerancia aplicada a establecimientos particulares, lo cual ha provocado suspicacias sobre un trato preferencial y selectivo. Las dependencias municipales reconocen no tener competencia en dictámenes de Protección Civil para inmuebles estatales, sin embargo, no se justifica la omisión en trámites obligatorios como licencias de funcionamiento y uso de suelo, que deben respetarse sin importar el nivel de gobierno.
La ley, para unos sí… y para otros no
De acuerdo con el Reglamento de Actividades Comerciales del Municipio de SLP, así como la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado, ningún establecimiento —público o privado— puede vender alcohol sin una licencia correspondiente, misma que exige contar previamente con permisos municipales. La ausencia de estos documentos deja a estos espacios en abierta ilegalidad, operando eventos masivos sin garantías sobre su seguridad estructural, medidas contra incendios o impacto ambiental.
Paradójicamente, hace apenas unos meses, El Domo fue clausurado por la Coordinación Estatal de Protección Civil al detectarse graves omisiones documentales. Sin embargo, los demás espacios estatales no han recibido sanción alguna, pese a haber registrado incluso incidentes fatales, como la muerte de un trabajador durante la construcción de la Arena Potosí, y el fallecimiento de un guardia en medio de un evento.
“Sabemos con quién nos metemos”
Una fuente interna del Cabildo municipal relató cómo, durante una reunión sostenida en enero entre regidores, representantes de la Canaco y funcionarios de la Dirección de Comercio, se abordó directamente el tema de la ilegalidad en la operación de Arena Potosí. La respuesta de los funcionarios fue evasiva al principio, pero eventualmente reconocieron que el recinto operaba sin permisos, argumentando temor ante posibles represalias por sancionar a un “proyecto estrella” del Ejecutivo estatal.
¿Y la responsabilidad institucional?
De acuerdo con el artículo 115 constitucional, los municipios tienen autonomía para exigir el cumplimiento de su normativa. Sin embargo, la omisión en estos casos refleja no solo una falta de aplicación de la ley, sino una peligrosa permisividad que pone en riesgo la seguridad de miles de asistentes a estos recintos masivos.
El contraste entre el trato a comercios particulares y a los inmuebles del gobierno estatal deja en evidencia un doble rasero que pone en tela de juicio el compromiso del Ayuntamiento con la legalidad, la transparencia y la protección ciudadana.
